Las entidades representativas de los consumidores en Tucumán dieron un paso decisivo en el ámbito legislativo provincial para transformar la regulación de los servicios públicos y garantizar la defensa de los bolsillos familiares frente a los aumentos tarifarios. A través del Expediente N.º 153-VL-26, las asociaciones REDECU, FODECUS y LA UNIÓN ingresaron formalmente ante la Honorable Legislatura de Tucumán un anteproyecto de ley para reformar de manera integral la Ley Provincial N.º 8.479, norma que rige el funcionamiento del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). La iniciativa lleva la firma de la presidenta de REDECU, Cecilia Sánchez Blas, junto a José H. García (FODECUS), Natalia López Marnero (LA UNIÓN) y el patrocinio del Dr. Miguel Francisco Paz.
El eje central de la reforma apunta a democratizar el organismo regulador eliminando el manejo exclusivo del poder político sobre las decisiones tarifarias. El proyecto propone modificar el artículo 5.º de la norma para estructurar un Directorio de seis miembros, reservando un cargo titular elegido a propuesta de las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente inscriptas.
Asimismo, la iniciativa establece la creación del Consejo de Usuarios del ERSEPT, un ámbito institucional permanente y con personería propia que tendrá facultades para intervenir antes de que se adopten resoluciones, solicitar informes, verificar el cumplimiento de los contratos de concesión y canalizar los reclamos en un plazo máximo de 48 horas.
Fin de las consultas escritas
Para terminar con las aprobaciones exprés de subas en las tarifas de agua y luz, la iniciativa elimina el cuestionado sistema de consulta pública documentada por escrito e instituye la obligatoriedad de audiencias públicas orales previas a cualquier variación o ajuste de precios. Para garantizar que los usuarios participen con información clara y en igualdad de condiciones ante las empresas prestadoras, el texto redactado exige la realización de jornadas preparatorias gratuitas y abiertas.
En otro punto de importancia, se crea la figura del Defensor del Usuario, un representante técnico independiente encargado de auditar las estructuras de costos empresariales y defender a los ciudadanos en los procesos regulatorios.
La fundamentación elevada al presidente de la Cámara, Miguel Ángel Acevedo, sostiene que la regulación de los servicios públicos no puede reducirse a un trámite técnico-administrativo ni depender de voluntades políticas de una administración, sino que exige una garantía constitucional de control ciudadano permanente. Las organizaciones firmantes remarcaron que el objetivo del proyecto no es reemplazar las funciones del Estado, sino dotar al sistema de mayor transparencia, capacidad de auditoría y legitimidad para proteger los derechos económicos de las familias, pymes y comercios tucumanos. Con el inicio del trámite parlamentario, las entidades convocaron a la comunidad a acompañar el debate en las comisiones de la Legislatura./El Tucumano
